Hoy estamos frente a este edificio vacío: el Palacio de Tribunales. Detrás de esas paredes se intenta cumplir con una de las funciones más básicas e imprescindibles para la constitución del Estado de derecho: impartir justicia.

A 33 años del golpe genocida que desapareció a los 30.000 compañeros y compañeras  detenidos-desaparecidos venimos una vez más a exigirle a esta Corte Suprema y a todo el sistema judicial que despierte de su letargo y de una buena vez cumpla con este reclamo histórico del pueblo argentino: el fin de la impunidad.

Venimos a exigirle que acelere los Juicios a los genocidas, cómplices e ideólogos, porque mientras haya impunidad no podemos construir el proyecto de país con el que soñaron y por el que lucharon los 30.000. Los asesinos del pueblo deben estar en cárceles comunes, con condenas perpetuas y efectivas. Ya pasó mucho tiempo, demasiado. No podemos seguir esperando. No queremos seguir esperando.

Estamos acá, todos juntos, para despertar a la Justicia.

Gracias a la lucha sostenida por el pueblo durante 30 años obtuvimos victorias: la restitución de la identidad de 97 hijos de desaparecidos, la nulidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final que permitió reabrir causas contra los represores. Las condenas de Von Wernich, Etchecolatz, Menendez, Bussi; paradigmas de la represión, entre tantos otros.

Pero todavía falta mucho. Lamentablemente tenemos que decir que a 25 años del retorno de la democracia y a 5 años de la nulidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las Causas aún continua la deuda de Memoria, Verdad y Justicia con las víctimas, sus familiares y la sociedad. Porque cuando la justicia es lenta no es justicia, sino apenas un consuelo: hay alrededor de 400 jóvenes, que tienen entre 34 y 29 años que no conocen su identidad y los seguimos buscando, todavía hay 47 represores prófugos, todavía hay torturadores sin haber sido reconocidos, todavía hay genocidas sin condena.

30 años atrás el poder judicial en su conjunto fue cómplice de la maquinaria del terrorismo de Estado. Hoy exigimos que no vuelva a mirar para otro lado.

Actualmente sólo hubo 44 condenas, 385 genocidas esperan su juicio oral, 141 lo hacen desde la comodidad de sus casas, 192 represores ya se murieron.

Al paso que venimos terminaríamos de juzgar a todos los responsables del terrorismo de Estado en 60 años. No sólo los autores materiales del genocidio estarán muertos, además las amadas madres y abuelas no podrán cumplir en vida el sueño de ver juzgados a los asesinos de sus hijos y a los ladrones de sus nietos.

La justicia está durmiendo y la vinimos a despertar.

Es esta justicia cómplice la que durante la dictadura militar formó parte de la maquinaria necesaria para destruir al país y que hoy mira para otro lado.

Exigimos a la Corte Suprema de la Nación que cumpla sus funciones de Superintendencia. Como responsable máximo de la Justicia debe terminar con su indiferencia, para terminar con la impunidad. Es su obligación garantizar que no haya más genocidas en las calles, que no haya más prófugos, que algunos se mueran sin decir todo lo que saben.

Desde hace años reclamamos la televisación de los Juicios a genocidas. El pueblo tiene derecho a conocer la cara de sus asesinos, la magnitud de los delitos cometidos y el manto de silencio y olvido que cubre cada una de sus declaraciones. Si bien la Corte en octubre del año pasado fijó criterios generales para posibilitar la difusión de los mismos, hay Tribunales, como el Tribunal Oral y Federal Nº 5, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farias y Daniel Obligado que lo impiden. Todos somos parte de estos Juicios porque todos somos víctimas de los delitos juzgados. Por eso decimos que a los genocidas los juzga un Tribunal, pero los condenamos todos.

Los genocidas pensaron que iban a vivir impunes y que nunca les iba a tocar sentarse en el banquillo de los acusados a responder por los crímenes que cometieron. Mientras los Juicios se dilatan y avanzan con hiriente lentitud, ellos se organizan y por medio de amenazas e intimidaciones pretenden nuevamente generar el terror en el que la impunidad toma su base de sustento. Así vuelven a desaparecer a Julio López y con él vuelven a desaparecer a toda esa generación que dio la vida por un sueño distinto para todos los excluidos del mundo. A dos años de su desaparición, ni la Justicia ni el Gobierno Nacional, ni el Provincial han podido dar ninguna respuesta acerca de quiénes fueron los responsables. Como tampoco tienen respuestas para las cientos de amenazas que recibimos todos aquellos que estamos comprometidos con las causas por delitos de lesa humanidad.

Porque a más de cinco años de la caída de las leyes de impunidad los Juzgados siguen trabajando sin los recursos necesarios para la magnitud de la tarea a realizar. Porque para proteger a los testigos y a todos los que formamos parte de este camino de justicia no alcanza con armar programas y unidades especiales. La voluntad política debe estar acompañada de la estructura necesaria para afrontar cada uno de los desafíos que esta realidad nos impone. Este año miles de personas circularán por los tribunales de todo el país y es imprescindible que puedan encontrar no sólo un Estado que los acompañe sino también un Estado que haga todo lo que esté a su alcance y más, para cumplir con su obligación de brindar protección integral y garantizar el acceso a una justicia plena.

No podemos permitir una sociedad con los genocidas por sus calles. Sobre la base de esta impunidad no se puede construir el país por el que lucharon los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos.

Por eso hoy estamos reunidos acá: porque queremos exigir una vez más el fin de la impunidad. Porque la historia nos demuestra que no se puede construir el presente si no ponemos “a resguardo del olvido lo inconcluso del pasado”. La impunidad sólo genera más impunidad: son los mismos genocidas y sus herederos ideológicos los que ejecutan el “gatillo fácil” que hoy asesina a miles de jóvenes por año, son los mismos que desaparecieron al compañero Jorge Julio López en 2006, los que torturan en cárceles y comisarías del país, los mismos que tienen empresas de seguridad privada, los que fusilaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los que mataron a Carlos Fuentealba por protestar por trabajo y salario digno. Son los que tiñeron al país con la sombra de la exclusión, la pobreza, el saqueo de la riqueza y el individualismo social: los impunes del supuesto pasado son los que construyen hoy la inseguridad con la que justifican todas las políticas de mano dura.

Hoy tenemos la posibilidad histórica de enjuiciar a todos los responsables, militares y civiles, del terrorismo de Estado. Hoy tenemos el compromiso de hacerlo para poder pensar nuevas bases sobre las cuales construir una sociedad distinta. Una sociedad que nos tenga en cuenta a todos.

Por eso estamos acá, para exigirle a la Corte Suprema de Justicia la aceleración de las causas por delitos de lesa humanidad. Y estamos acá frente a ustedes, como lo hemos estado por más de 30 años, para levantar las banderas de la Verdad, la Memoria y la Justicia. Porque todavía nos falta mucho camino por recorrer, los juicios recién comienzan y todos debemos estar presentes para conocerles las caras a los asesinos, para saber cuales fueron las dimensiones del plan sistemático de exterminio, para conocer de una vez por todas la verdad.

Hay que despertar a la justicia de este sueño eterno que se transforma en pesadilla de todos.

Hay que gritar bien fuerte, aplaudir con rabia, hacer sonar las bocinas contra la impunidad para que de una vez por todas comencemos a caminar despiertos hacia el país por el que soñaron nuestros compañeros y compañeras y así obtener para el futuro de todos la tan ansiada justicia y el fin de la impunidad.

Cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas

Aparición con vida de Jorge Julio López

Restitución de la identidad de los 400 jóvenes apropiados

30.000 compañeros desaparecidos ¡¡¡presentes!!!

¡¡¡Ahora y siempre!!!