A los Señores Jueces de la Cámara Federal

de la Provincia de Córdoba:

Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que delincuentes de lesa humanidad, condenados el año pasado en los fueros federales de nuestra provincia, consigan el inaceptable beneficio de la prisión domiciliaria.

Llevamos más de treinta años reclamando Justicia, con la firme convicción de que el verdadero funcionamiento de las instituciones de la República es el único camino para la consolidación de nuestra democracia. Entendemos que permitir a los criminales de lesa humanidad Menéndez, Rodríguez y Vega, cumplir condena en sus domicilios, constituye un retroceso en el avance de la Justicia y la Verdad que nuestra sociedad demanda desde hace décadas. Estos genocidas fueron juzgados con todas las garantías constitucionales y condenados a cumplir altas penas en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

Resulta inexplicable que tamaños delincuentes que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de ciudadanos, sean considerados por la Justicia como personas que no revisten peligrosidad y en quienes se puede confiar, como se los considera en los recientes fallos dictaminados por la Cámara Nacional de Casación Penal y el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba. Decisiones como estas desandan el camino hacia la Verdad y la Justicia y significan una burla hacia una sociedad que se niega, cada vez con más fuerza, a convivir con la impunidad de los asesinos de miles de hombres, mujeres y niños.

No podemos permitir que personas que agraviaron a toda la humanidad cometiendo delitos aberrantes; que jamás facilitaron herramienta alguna para conocer el destino final de las miles de personas desaparecidas y que nunca manifestaron el más mínimo arrepentimiento sobre sus actos, sean beneficiadas. Recordemos que estos criminales continúan cometiendo, hasta el día de hoy, el delito permanente de privación ilegítima de la libertad, nombre jurídico con que se conoce el delito internacional de desaparición forzada de personas en nuestro país.

Por otra parte, los márgenes de libertad que permiten los arrestos domiciliarios constituyen un evidente peligro. Basten los ejemplos de Cesar Emilio Anadón, quien se quitó la vida en su propio domicilio cumpliendo la prisión preventiva en el marco de la causa Brandalisis; o de Jesús Herminio Antón, quien estando imputado en numerosas causas se encuentra prófugo de la justicia hace años. Ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país. Además existen numerosos casos de amenazas, agresiones y secuestros sufridos por diferentes activistas de Derechos Humanos, cuya máxima expresión es la lamentable desaparición, aún no esclarecida, del testigo y querellante Jorge Julio López.

Hoy está en ustedes la facultad de revertir el criterio aplicado por la Jueza Garzón de Lascano, para que todos los procesados por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia cumplan sus prisiones preventivas en establecimientos carcelarios. Hoy está en ustedes la posibilidad de que, en su respuesta a las apelaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal, reviertan la resolución de primera instancia, estableciendo que los responsables de los delitos de lesa humanidad cumplan prisión preventiva en la cárcel.

(A este petitorio adhieren las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)