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Semana del dd en Colombia
2011-05-27
En el marco de
difundimos las siguientes declaraciones y conclusiones de trabajo de
nuestras hermanas y hermanos colombianos:
http://justiciaypazcolombia.com/Declaracion-final-del-Seminario
Declaración final del Seminario "Protección y defensa del derecho
a la verdad de las victimas de desaparición forzada en el ámbito
jurídico"
Miércoles 25 de mayo de 2011
En el marco de
forzada, y como resultado del seminario de "la protección y defensa del
derecho a la verdad de las victimas de desaparición forzada en el ámbito
jurídico nacional e internacional" se suscribe la siguiente declaración.
Bogotá, 24 de mayo de 2011
En el marco de
forzada,
Derechos, el Comité de Seguimiento del 2º. Congreso Mundial de
Exhumaciones y
Desaparición forzada/sociedad civil, junto con las organizaciones de
familiares de víctimas de desaparición forzada reunidos en el Seminario
Nacional
humanos, instituciones acompañantes especializadas de trabajo forense
y psicosocial y de la comunidad internacional que suscribimos la
presente, declaramos:
1. Resaltamos la legitimidad y la lucha de las organizaciones de
familiares de los desaparecidos en Colombia y su rol y contribución al
Estado de Derecho, a pesar de la grave situación de desprotección,
estigmatización y ausencia de garantías para su seguridad, amenazas y
hostigamientos que viven cotidianamente y su no inclusión en
proporción a la gravedad de los casos en los programas de protección,
poniendo en riesgo el derecho a la vida, a la seguridad, y el derecho a la
libre asociación y expresión de sus denuncias.
2. Manifestamos nuestra seria preocupación por la persistencia reiterada
y sistemática de la desaparición forzada en el contexto del conflicto
armado y de la violencia sociopolítica, y el incremento de denuncias y
casos en varias regiones del país. Expresamos nuestra alarma por el
alarmante registro de 57.000 personas desaparecidas y 15.300 víctimas
de desaparición forzada, dentro de ellas más de 6.000 mujeres y
niño/as, cifras escalofriantes, como lo ha expresado en este Seminario
el Director de
Derechos Humanos de Naciones Unidas y la comunidad internacional
presente en el mismo.
3. Constatamos que persiste un grave subregistro de casos y serias
inconsistencias entre las distintas cifras reportadas, evidente en la gran
diferencia entre las cifras del Registro Nacional de Desaparecidos Vs. los
32.000 casos reportados por
casos asignados a la nueva Unidad de Desapariciones Forzadas de
intimidación y terror que viven las regiones, la presencia de los
victimarios en los lugares de ocurrencia de los hechos y la ausencia de
investigaciones serias sobre las amenazas y el abandono humanitario en
que viven las familias afectadas.
4. Denunciamos los altísimos niveles de impunidad que rodean el 99% de
los casos y el total estado de indefensión en que se encuentran las
familias de los desaparecidos, a quienes se les sigue denegando el
derecho a la búsqueda de sus seres queridos y al esclarecimiento de su
paradero, su identificación y la entrega digna de sus restos, mientras los
autores de estos crímenes agentes del Estado y grupos paramilitares
gozan de libertad sin que sobre ellos caiga el peso de la ley, con lo cual
hay una ausencia absoluta de acceso a la verdad y a la justicia.
5. Manifestamos nuestro reclamo porque a pesar que la desaparición
forzada es una crimen arraigado desde hace 30 años, aún no existe un
diagnóstico oficial que le informe a la sociedad cuantos desaparecidos
hay en Colombia, el cual para ser verdadero debe incorporar todos los
casos ocurridos, incluidos los que antes del año 2000 fueron
erróneamente tipificados como secuestro en los registros estatales.
6. Reiteramos al Presidente Santos nuestra reivindicación para que firme
con carácter urgente
todas las personas contra las desapariciones forzadas, que declare que
acepta la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas que
crea este tratado y que ajuste la ley de víctimas a este tratado que
establece el derecho a la verdad.
7. Denunciamos que la desaparición forzada está invisibilizada en la
nueva Ley de Víctimas y que no hay voluntad política para incorporar en
ella seria y ampliamente disposiciones para proteger el derecho a saber
de las víctimas y la sociedad y la obligación del Estado de establecer un
mecanismo y rendir un Informe de la situación de las desapariciones
forzadas en el país. Rechazamos que el Congreso de
reemplazado
presentar un informe sobre los patrones de graves violaciones de los
derechos humanos, por una nueva ley de privilegios a desmovilizados
ley de justicia transicional- que brinda nuevos beneficios a grupos
paramilitares autores de desapariciones forzadas. Manifestamos que el
“Contrato de Transacción” exigido a las víctimas en esta ley, es
inaceptable y contrario a la ética y a la moral porque mercantiliza el
dolor de los familiares de los desaparecidos y viola los tratados
internacionales al coaccionar a las víctimas y cerrar la reparación por la
vía judicial, donde los autores responden por el daño causado.
Manifestamos nuestra alarma por la discriminación con las víctimas de
agentes del Estado al someter al visto bueno del Ministerio de Defensa
las solicitudes de reparación en estos casos. Y anunciamos decisión de
demandar la inconstitucionalidad de estas normas que atentan
flagrantemente contra los derechos de los desaparecidos y sus familias.
8. Denunciamos con fuerza la negligencia de los funcionarios judiciales y
la ausencia de efectividad del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la
falta de aplicación del Plan Nacional de Búsqueda en la mayoría absoluta
de los casos registrados, todo lo cual lo cual constituye un serio
incumplimiento del Estado a la luz de sus obligaciones internacionales.
9. Resaltamos las graves dificultades que plantea el sistema penal
acusatorio que restringe drásticamente el derecho a la información, a la
contradicción y a la participación de los familiares de las víctimas de
desaparición forzada, impidiendo el acceso a la verdad y a la justicia.
10. Denunciamos la grave situación de las personas no identificadas en
el país mal llamadas N.N.. Reclamamos con urgencia al Presidente de
esclarecimiento de la situación de las personas no identificadas, de la
existencia de fosas individuales, múltiples o comunes, la ubicación,
identificación y dignificación y la devolución de sus restos a sus familias
con respeto al debido proceso y al derecho a la información y
pasrticipación de las familias y a las recomendaciones de
Comisionado para los Derechos Humanos y a los estándares
internacionales forenses y de atención psicosocial sobre el tema, en
particular las Normas Mínimas…. .
11. Reconocemos como un paso positivo la creación de la nueva Unidad
de Desaparición y Desplazamiento Forzado de
recursos, humanos, financieros, técnicos y logísticos para que no sea
una herramienta desperdiciada, Igualmente saludamos la voluntad
política del Instituto Nacional de Medicina legal de colocar a los
familiares de las víctimas en el centro de su actuación sobre personas
no identificadas y víctimas de desaparición forzada.
12. Llamamos al Presidente de
Defensor del Pueblo, a
mecanismos concretos de interlocución y consulta sobre las normas y
mecanismos antiguas y recientes con las organizaciones de familiares de
víctimas de desaparición forzada, sus representantes, los organismos de
derechos humanos sobre las nuevas normas y a
Búsqueda de Personas Desaparecidas a establecer un diálogo amplio con
la sociedad civil y las organizaciones regionales y nacionales.
13. Denunciamos que aunque
la obligación a sus beneficiarios de informar el paradero de las víctimas y
entregarlos a
incumplida por los paramilitares desmovilizados atentando contra el
derecho a la verdad. Al contrario, brindar información sobre la
identificación y señalamiento de los lugares donde víctima shan sido
inhumadas, se ha convertido en un “chantaje” para conseguir beneficios
de rebajas de pena ú otros privilegios.
14. Llamamos al gobierno nacional a expedir una Directiva para el
traslado inmediato de los casos de desaparición forzada y otras
violaciones de derechos humanos que se están surtiendo en tribunales
militares en contra de la constitución y la ley.
15. Rechazamos el desconocimiento y tergiversación del sentido de las
sentencias condenatorias de altos oficiales del ejército proferidas en
casos de desaparición forzada y sus maniobras para continuar eludiendo
la justicia.
16. Respaldamos a los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que
diligentemente buscan romper la impunidad secular en las
investigaciones de desapariciones forzadas.
17. Lamentamos que durante este Seminario se haya presentado un
robo de información relevante sobre la preparación y desarrollo del
mismo, situación que se suma a la presencia de personas extrañas
pidiendo información sobre las organizaciones asistentes al Pre
Seminario preparatorio realizado el 15 de abril de 2011.
18. Llamamos con urgencia al Congreso de
nacional, a impulsar una Ley de Reglamentación de Cementerios que
recoja las opiniones, y experiencia de las organizaciones especializadas
en acompañamiento forense a las víctimas de desaparición forzada.
19. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar nuestra lucha a
favor de las víctimas de desaparición forzada y nos comprometemos a
consolidar una agenda común de trabajo de los derechos de las
víctimas, de sus familiares y de la sociedad
