El viernes 5 de junio el presidente de Perú Alan García mandó a reprimir una protesta popular y dejó como resultado la muerte de al menos treinta indígenas y veinticuatro policías.

Los hermanos del pueblo awajún habían cortado el paso en la carretera Fernando Belaunde Terry, en Utcubamba, amazonia peruana. Desde hace más de cincuenta y cinco días reclaman la derogación de nueve leyes que consideran perjudiciales para la naturaleza ya que permiten la privatización de los bosques y ríos. Se trata de un paquete legislativo necesario para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Son decretos que fueron dictados por el presidente en 2008 haciendo uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso en el marco de este acuerdo económico.

El Estado peruano, al firmar estos decretos, incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que él mismo ratificó junto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este Convenio exige a los gobiernos la consulta a las comunidades sobre legislaciones que afectarán su territorio.

A partir de estos hechos, el 10 de junio el Congreso aprobó la suspensión del Decreto legislativo 1090 hasta tanto se llegue a un consenso entre el gobierno y los pueblos amazónicos. Las comunidades exigen la derogación del mismo.

El dirigente amazónico Zebelio Kayap denunció que los cuerpos de los indígenas asesinados están siendo incinerados y luego arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo (Bagua) por miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (DirOEs). También aseguró que la policía sigue masacrando a indígenas y solicitó la intervención internacional de los organismos defensores de los Derechos Humanos.

Kayap expresó que en el caserío Siempre Viva los efectivos policiales impiden a las y los ciudadanos el paso para retirar a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permiten recoger los cadáveres que se encuentran en la zona.