2009-04-03
Después de 24 años de democracia en Uruguay, ocho represores fueron los primeros condenados. El juez en primera instancia Luis Charles dictó 25 años de prisión para cinco oficiales retirados y 20 años para otro ex militar y dos ex policías, por “homicidio especialmente agravado” de 28 jóvenes militantes.
La mayoría de los asesinados militaban en el Partido por la Victoria del Pueblo. Cuando el ex presidente Juan María Bordaberry después de un autogolpe instaló la dictadura militar en 1973, se refugiaron en Argentina. Aquí, después del golpe genocida fueron presas del Operativo Cóndor. Fueron secuestrados en septiembre de 1976 en Buenos Aires, torturados en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Automotores Orletti y trasladados un mes después a Uruguay, en el llamado segundo vuelo de la muerte. Lo último que se sabe de ellos es que estuvieron recluidos en el Batallón 13 del ejército uruguayo. Sus cuerpos aun no han sido encontrados.
En Uruguay el caso es conocido como el juicio del segundo vuelo de la muerte. Según confirmó el juez Charles en ese avión viajaron 28 prisioneros uruguayos. Los ocho condenados estaban procesados desde hace dos años y medio.
Desde que Tabaré Vásquez asumió la presidencia en 2005, se ordenó la investigación de más de una docena de crímenes cometidos durante la dictadura militar que quedaban fuera de la Ley de Caducidad, amnistía aprobada durante los primeros años de la democracia. Cuatro años después, solo dos causas tienen procesamiento firme. Una es contra el dictador Bordaberry, por la coautoría de diez homicidios muy especialmente agravados, y otra contra él y su ex Canciller Juan Carlos Blanco por el homicidio en Argentina de cuatro dirigentes uruguayos.
La Ley de Caducidad fue promulgada en diciembre de 1986 y refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989. Sin embargo, el Frente Amplio, la central sindical PIT-CNT y organismos de Derechos Humanos están llevando adelante una campaña para plebiscitar la ley de impunidad. Más de 250 mil personas firmaron a favor de la consulta. Afirman que la única forma de que hay justicia consiste en anular esta ley.