El ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, se comprometió a investigar las violaciones a los derechos humanos y los abusos de autoridad cometidos por la policía provincial y la GEOPS en Corcovado, Chubut.

La respuesta oficial surgió ante el reclamo de distintas organizaciones sociales y movimientos indígenas frente al Ministerio el pasado 15 de mayo. El miércoles 20 de mayo un funcionario viajará a Corcovado para investigar personalmente los hechos ocurridos del 8 al 15 de marzo.

Durante esos días, las fuerzas policiales instalaron un estado de sitio de hecho en el pueblo y la zona campesina cercana. El pretexto fue la búsqueda de un prófugo. Ante el terrorismo instalado, de las violaciones cometidas once denuncias radican en Fiscalía. Uno de los casos más emblemáticos, que ilustra el accionar represivo, es la irrupción por la fuerza por parte de encapuchados y armados pertenecientes al GEOPS a una de las tantas humildes casas allanadas. Allí se encontraba una señora con su hijo de doce años y su hija de apenas ocho. En ese momento, la niña es estaba bañando. Tres de los encapuchados la sacaron desnudita de la ducha y la violaron delante de su mamá, a quien apuntaban en la cabeza con un arma mientras todo sucedía.

Otro de los casos es el de los jóvenes Bustos, hermanos del prófugo. Uno fue asesinado y el otro quedó cuadriplégico por herida de bala. Sus padres, Omar Bustos y Marta Pinchulef viajaron a la Ciudad de Buenos Aires junto a Moira Millan, militante del Frente de Lucha Mapuche Campesino, para denunciar lo acontecido, exigir respuestas a los representantes y vencer el cerco informativo y la impunidad de su provincia.

Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora acompañaron desde un principio este reclamo de justicia. Aportaron su mirada y su casa para recibir a la familia y a la prensa.