El jueves 21 de mayo a las 16:30, los organismos de Derechos Humanos convocaron a una conferencia de prensa en la sede de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas para denunciar públicamente los hechos represivos vinculados al desalojo de la huerta de Caballito. Por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora asistieron Elia Espen y Nora Cortiñas.

En la madrugada del martes 19 de mayo, miembros de la Unidad de Control del Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires (UCEP) ingresaron con topadoras a la Huerta Orgázmika y arrasaron con todas las plantaciones. Sin orden judicial ni administrativa, a las 4 A.M., sin fiscal presente.

Una vecina se despertó con los ruidos y, al ver lo que estaba sucediendo, corrió hasta el centro cultural La Sala. Allí, viven algunas de las personas que generaron y cuidaron de la huerta. Al llegar al lugar, un grupo de jóvenes intentaron detener los destrozos, pero fueron golpeados y echados por integrantes de la UCEP.

Cerca del mediodía, vecinos, vecinas, militantes de otros colectivos y autónomos, se acercaron para solidarizarse. Se movilizaron hasta el CGP 6 para exigir a su director una respuesta. La Policía Federal reprimió la manifestación y entró por la fuerza al centro cultural La Sala, dando bastonazos a todos los que allí se encontraban, entre ellos Mariana Sena, una joven embarazada. “Estábamos muy asustados. Yo tenía miedo de que me golpearan la panza, que le pasara algo al bebé”, dijo durante la conferencia de prensa. En ese momento, confesó haber recordado a las y los detenidos desparecidos, a los secuestros, al terrorismo de Estado que sufrió otra generación. A Martín Saharrea, su compañero, como intentaba defenderla, lo cercaron entre siete policías y lo golpearon fuertemente.

Detuvieron a 21 personas a diez cuadras del CGP 6, fuera de su radio. Los llevaron a la Comisaría 11 y separaron en dos celdas a las mujeres de los hombres. Al rato, aislaron a uno de los varones e intentaron ocultar su detención.

Martín, gravemente herido en el riñón, pidió asistencia médica al ver que orinaba con sangre. Al cabo de una hora y media los trasladan al Hospital Durand en un auto particular, con vidrios polarizados y sin patente.

Uno de los últimos detenidos fue Gustavo Mignán, corresponsal de FM La Tribu. Lo llevaron por pedir a gritos un teléfono móvil para salir al aire de la radio y denunciar la represión.

El predio desalojado pertenece a Nación. Mediante un convenio, que caducó en 2.000, fue cedido a la Ciudad de Buenos Aires. Los integrantes de la huerta llevaban ocho años de trabajo colectivo allí; un fallo de la Justicia los sobreselló de usurpadores.

El único respaldo que presentaron las autoridades ante el allanamiento fue un informe del Instituto Pasteur que alertaría sobre la posibilidad de reproducción del dengue. De ese informe a las topadoras no existe orden ni documentación alguna que lo confirme. Incluso el mismo defensor del pueblo declaró que allí no existía tal peligro. “Además, no actuaron de oficio. El director del CGP 6 les ordenó que hagan un relevamiento en la huerta”, comunicó la Diputada Liliana Parada. Por otra parte, la supuesta bañera peligrosa con plantas acuáticas contenía agua salada, y allí no puede reproducirse el mosquito. Además, la plaza contigua a la huerta es regada por los encargados del espacio público de la Ciudad con glifosato, famoso pesticida que impide la vida y el desarrollo de los insectos.

“Estas cosas están pasando cada vez con más frecuencia. Desalojan a los golpes a artesanos, a los que viven en las villas, en las calles y en los hoteles. Tenemos que estar todos juntos trabajando en esto día a día, porque si esto sigue creciendo corremos peligro todos”; dijo Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, durante la conferencia.

Se reclama ante las autoridades competentes la restitución del predio, la anulación de los cargos de las y los detenidos y la disolución de la UCEP.