Para las y los periodistas, México es uno de los países más inseguro donde ejercer su profesión. Diversos organismos de Derechos Humanos acuerdan que la libertad de expresión es interrumpida y vulnerada con amenazas y persecuciones que ponen en riesgo la vida de las y los comunicadores, y muchas veces acaban con ella. Son quienes trabajan en la prensa alternativa destinatarios de la mayor cantidad de intimidaciones. Si los periodistas trabajan haciendo públicos los acontecimientos, ¿por qué su trabajo se vuelve peligroso? ¿Cuáles son los hechos que se busca censurar? ¿Para quiénes resulta inconveniente su difusión?

Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales, lesiones, hostigamientos, violaciones y agresiones sexuales suceden a diario con total impunidad. Este es el análisis y la denuncia que comparten los observadores internacionales de Derechos Humanos cada vez que pasan por México.

En febrero pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al Estado mexicano a erradicar las prácticas de tortura y los abusos de poder militares. El informe final contiene 91 recomendaciones y se presentó en el marco del Examen Periódico Universal al que son sometidos cada cuatro años los países miembros de la ONU. Destacan que se debe investigar los casos perpetrados por elementos del Ejército y de corporaciones policíacas, adoptar medidas para combatir la impunidad e implementar soluciones para terminar de manera efectiva con la pobreza. Exigen que todas las violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido en el país, como los abusos militares y los crímenes cometidos contra mujeres, indígenas, menores de edad y periodistas, sean atendidas por tribunales civiles.

También recomendaron respetar los acuerdos y tratados internacionales suscritos que, entre otras cosas, implica revisar y reformar el código militar y el sistema de justicia y seguridad pública, y poner fin al sistema de arraigo mediante el cual un presunto delincuente puede estar detenido hasta tres meses sin que se presenten cargos en su contra.

Por otra parte, “Article 19”, organización internacional de Derechos Humanos dedicada a la defensa y promoción mundial de la libertad de expresión e información, presentó su documento “Discursos sin resultados”. En él sostienen que la Fiscalía Especial para la atención de Delitos contra Periodistas dependiente de la Procuraduría General de la República de México se ha manejado con “opacidad y falta de resultados”, porque “en los últimos años, organizaciones internacionales, nacionales y regionales han dado cuenta del incremento en los ataques, amenazas e intimidaciones contra personas que ejercen la labor periodística”. Según el informe, de 2003 a 2008 se han cometido 667 agresiones contra periodistas. Un promedio anual de 89 ataques, que entre 2007 y 2008 aumentó a 186 casos. Entre 2001 y 2003 siete periodistas fueron asesinados, mientras que entre 2004 y 2006 fueron veinte los homicidios. De estos últimos, diez sucedieron durante 2006, la cifra más alta en 15 años.

Chiapas, Oaxaca y Atenco

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) es otro de las instituciones que trabajan con el caso de México. También expresa que los organismos oficiales de protección de los Derechos Humanos son de “escasa utilidad” y que “la vulneración a los derechos de los periodistas es todavía hoy una realidad que no ha querido ser atajada”.

En su sexta visita a Chiapas, Oaxaca y Atenco, concluye que, en referencia a Chiapas, “la impunidad de los servidores públicos continúa siendo regla general” y que “la falta de independencia, eficacia e imparcialidad del poder judicial lo hace partícipe de un modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y, en especial, de comunidades indígenas zapatistas y no zapatistas”.

A partir de la sistematización y recopilación de testimonios, entrevistas, denuncias y documentos, establecen mediante un extenso informe que existe una “práctica generalizada de detenciones arbitrarias a miembros de los movimientos sociales”. Agregan que “es habitual que las personas detenidas sean sometidas a torturas y malos tratos, tanto en el momento de la detención como del traslado e incluso en el momento de la declaración”. Para justificar estas detenciones “es frecuente la falsificación de pruebas. La tendencia ha venido siendo la de imputar falsamente la posesión de drogas o de armas”. “La lógica de estos mecanismos es la de criminalizar a los miembros de los movimientos sociales para evitar que puedan ser considerados presos políticos. En esta lógica, el recurso a la cárcel como medida cautelar se presenta como el instrumento más contundente, llegando en algunos casos a cumplirse en cárceles de máxima seguridad y en condiciones de aislamiento, donde los derechos del preso se reducen a su máxima expresión”; enfatizan.

La CCIODH afirma que en Oaxaca la “extrema dureza de la intervención policial continúa siendo una característica constante de la represión al libre ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”. Así mismo, denuncian la presencia de grupos civiles armados que actúan tanto en el ámbito urbano como en los municipios y comunidades rurales. De similares características a los que se enfrentaron a la protesta social en 2006 y que aun no han sido identificados ni sancionados.

En relación a las violaciones, torturas y agresiones sexuales han detectado “gravísimas irregularidades en el desarrollo del Protocolo de Estambul”; especialmente en lo que respecta a las investigaciones de las torturas sexuales que sufrieron las detenidas.

La respuesta oficial del estado de Atenco a las “muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, violaciones y agresiones sexuales” ha sido “la impunidad o ha tenido un carácter fundamentalmente administrativo”.

En contexto

Todo esto se da en una escena pública cada vez más militarizada, con el ejército armado en las calles, donde son frecuentes los retenes y el registro fotográfico o fílmico de los pasajeros de autobuses y transeúntes. La “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” es la excusa y justificación del discurso estatal.

La violación a los Derechos Humanos en México es sistemática y se inscribe en un contexto social y económico neoliberal. Se aprobó el Plan “Puebla Panamá”, cuyo principal objetivo es convertir a Mesoamérica en un gran puerto que una a Estados Unidos con el Sudeste Asiático. Por lo tanto, la mayor inversión del proyecto está destinada a infraestructura vial. Con la construcción de carreteras y caminos para “unir a México” el gobierno va instalando en la opinión pública que las zonas autónomas rebeldes zapatistas bloquean el avance de las rutas e impiden el progreso y porvenir de todos los ciudadanos. Estas ideas se materializan con provocaciones a las comunidades y Caracoles, muchas veces por paramilitares que trabajan para las empresas constructoras.

En materia de comercio internacional, cabe destacar que la venta de armas coloca a México como uno de los principales compradores de Estados Unidos.

Así lo describe y finaliza el documento elaborado por la CCIODH: “Frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos como la tierra, el agua o la biodiversidad.

Con tal objetivo, por un lado se instrumentan políticas encaminadas al debilitamiento del tejido social por medio de la división de las comunidades indígenas y campesinas y el hostigamiento a las organizaciones sociales más reivindicativas.