2010-08-31
Ante la “inconstitucionalidad” de la expropiación de
Por Pablo Waisberg
“No surge acreditado que la hoy expropiante –Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada, que reúne a trabajadores de la antigua IMPA– hubiera sido constituida con el objeto de preservar y/o continuar con la actividad productiva desarrollada por los trabajadores de IMPA como parece pretenderse como sustento de la expropiación bajo examen, sino que, por el contrario, su finalidad debería haber sido iniciar un emprendimiento independiente de esta última”, se analizó en un fallo del 12 de agosto pasado, que ratificó la resolución del juez Héctor Vitale.
De ese modo, la cámara comercial integrada por Alfredo Kölliker Freís, Isabel Miguez y María Verónica Balbi rechazó la expropiación establecida en la ley 2969, aprobada por unanimidad, que cedió el predio el 4 de diciembre de
La decisión de
Fundada en 1910, la fábrica de capitales alemanes se dedicó a la fundición de cobre. Fue expropiada durante el primer gobierno de Juan Perón, y a principios de la década del sesenta adoptó la forma de una cooperativa y llegó a tener casi 400 trabajadores. Pero se derrumbó en 1998, cuando fue recuperada por medio centenar de operarios.
“Todo esto se construyó con enorme sacrificio, a pesar de no contar con políticas públicas que ayuden a consolidar estas experiencias, de la autogestión de los trabajadores, contra la asimetría de recursos que el Estado brinda a la actividad privada, con los costos financieros y económicos que significan pelear en un mercado donde imponen las condiciones con sus posiciones dominantes los monopolios proveedores de materia prima y los grandes monopolios con su poder de compra”, señaló Eduardo Murúa, integrante de IMPA, en agosto de 2009, cuando se aprobó el fallo en primera instancia que ahora ratificó la cámara.
En diálogo con este diario, Murúa denunció que detrás del reclamo del síndico “hay un negocio inmobiliario que lo involucra a él y al juez de primera instancia y no entendemos por qué la cámara es cómplice de esto”. Agregó: “Existe un avance judicial contra la recuperación de empresas”.
Ese proceso político que reivindicó Murúa, que incluyó a los trabajadores de varios centenares de empresas en todo el país y que obligó a tomar posición a las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, es lo que cuestionaron los jueces en los fundamentos del fallo, que podría sentar precedente: “Además, no resulta aceptable que la ‘expropiación’ – olvidando que es una medida excepcional - pueda ser utilizada como un mecanismo para paliar situaciones –transitorias o coyunturales– de la economía del país, como una herramienta alternativa a los planes sociales, laborales o alimentarios o como la manera de concretar la esperanza de un grupo de trabajadores de conseguir y/o recuperar un fuente de trabajo”.