Memoria, Verdad y Justicia, son las palabras que expresan los treinta años de lucha que las Madres, Abuelas y familiares de detenidos desaparecidos vienen sosteniendo en la Plaza de Mayo y en las calles junto a militantes de Derechos Humanos. Los gritos de desgarro y desesperación fueron las primeras voces que se enfrentaron al silencio, la censura, la represión y el horror. “Aparición con vida”, “Con vida los llevaron, con vida los queremos”, aclamaban las mujeres que daban vueltas con las fotos de sus hijos.

Más de siete años de Terrorismo de Estado, testimonios de sobrevivientes y ninguna respuesta oficial, fueron arrebatando la ilusión de volver a verlos. Con la vuelta del gobierno constitucional, se gestó el “Nunca más”. Y se empezó a tejer la Memoria para no olvidar el genocidio ni los crímenes de lesa humanidad; a investigar, para saber la Verdad: “¿quién dio la orden?, ¿quién la ejecutó?, ¿por qué?”; y a exigir Justicia, jamás venganza.

En ese caminar se fue recuperando la ciudadanía y aprendiendo la democracia. Cada vez fueron más quienes estaban decididos a no dejar atrás lo ocurrido durante la dictadura cívico militar. Se sumaron testimonios, y también se fueron animando los oídos. Poco a poco, se fue reconstruyendo la Verdad y gestando la cultura de la Memoria. La Justicia tardó en llegar, hubo “Obediencia Debida” y “Punto final”. También hubo escraches y condena social. Pero los represores y genocidas continuaron libres, sin ser condenados.

En 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de estas leyes de impunidad y fue posible reabrir las causas y comenzar los procedimientos para juzgarlos. Por primera vez, el Estado se hizo cargo de los crímenes de Estado, y respondió con su deber y obligación al reclamo popular histórico.

El Juicio por la Mansión Seré, como llamó el periodismo a la Causa 450 “I Cuerpo del Ejército”, fue el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad que concluyen este año (2008). El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Federal Oral N° 5 sentenció a 25 años de prisión a Hipólito Rafael Mariani y a César Miguel Comes, autores mediatos y responsables de los secuestros y torturas perpetradas durante la última dictadura militar en ese, por entonces, Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. El coronel retirado Alberto Pedro Barda, responsable máximo de la represión en Mar del Plata, recibió la condena de prisión perpetua. Sin embargo, hasta que no se ratifique la sentencia la cárcel común no es efectiva. Al momento, Comes y Mariani permanecen en libertad y Barda en prisión domiciliaria.

Desde diciembre de 1976 hasta fines de 1977, Mariani fue comandante de la subzona 16 del Primer Cuerpo del Ejército. A cargo de la Brigada Aérea de El Palomar, fue responsable de la represión y utilizó como centros clandestinos de detención a la Mansión Seré, las Brigadas Aéreas de Castelar y Morón, la Comisaría III de Castelar Sur y el Hospital Posadas. Se lo imputó por secuestrar y aplicar tormentos a los hermanos Jorge y Juan Brid, Pilar Calveiro, Guillermo Fernández, Mario Galvano, Claudio Tamburrini y Jorge Cardoso. Comes lo sucedió, y entre 1977 y 1979 estuvo a cargo de la VII Brigada Aérea de Morón y administro el mismo aparato represivo. Se lo encontró responsable de la privación ilegal de la libertad y tormentos a Claudio Tamburrini, Américo Abrigo, Carlos García, Alberto Garritano, Moira López Arrieta y Daniel Rusomano.

Alberto Barda fue jefe del Grupo de Artillería 601 en Mar del Plata. El Tribunal lo condenó por los asesinatos y torturas de Jorge Candelero y Analía Delfina Magliaro, cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Cueva, en esa ciudad.