ADHESIÓN DE MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA

A LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA, D. BALTASAR GARZÓN

Buenos Aires, febrero de 2010

Las Madres sabemos que los crímenes contra la humanidad carecen de fronteras; conocemos, asimismo, los denodados esfuerzos de numerosos juristas y expertos en derecho internacional de los derechos humanos por los que se ha creado una jurisdicción penal internacional de tales delitos. El juez Baltasar Garzón, entre esos expertos juristas, ha colaborado en el avance de la conciencia de la humanidad respecto de la necesidad de sanción de esos crímenes, sean cuales fueren el país y la época en que se cometieron.

En coherencia con los principios que, de acuerdo con nuestra opinión, guían su trayectoria profesional, el juez Garzón comenzó en 2009 a investigar los crímenes cometidos en España durante la prolongada dictadura de Francisco Franco, ascendido al cargo de máxima autoridad gracias al golpe de Estado de julio de 1936 y a tres años de sangrienta guerra civil. La investigación de dichos crímenes, estableciendo su condición y número, los nombres de los responsables y de las víctimas y afectados, el destino final de miles de españoles y de numerosos extranjeros asesinados y enterrados en lugares clandestinos y/o en condiciones oprobiosas, los miles de encarcelados durante el franquismo –no todos los cuales salieron con vida de la prisión-, el robo de bienes de los afectados y, en fin, los cientos (quizá, miles) de niños arrebatados a sus familias, despojados de su identidad y entregados a instituciones o a familias extrañas, todo ello conforma una asignatura pendiente del Estado español. Por fortuna, después de tantos años empiezan a surgir investigaciones y acciones de búsqueda de verdad y justicia.

La decisión tomada el 3 del corriente mes, en la causa especial Nº 20048/2009, por el Magistrado Instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, D. Luciano Varela, de continuar acusando al juez Garzón por el presunto delito de prevaricación judicial, es un obstáculo contra la investigación de esos crímenes contra la humanidad cometidos en territorio español. Entre esos delitos se cuenta la desaparición forzada de personas, delito imprescriptible y sancionado en la reciente Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Estado español forma parte del llamado Grupo de Amigos de dicha Convención, y el 24 de noviembre de 2009 entregó su documento de ratificación ante las Naciones Unidas, agregándose así a otros 17 países del mundo. De esa forma, España se obliga a incorporar la desaparición forzada como figura penal en sus leyes y reglamentaciones internas, y a calificarla como crimen contra la humanidad. La investigación judicial del juez Garzón guarda, por tanto, una total coherencia con esta obligación del Estado español.

Confiamos en que el Supremo Tribunal desestime esta acusación contra el Juez Baltasar Garzón, quien debe seguir trabajando en su fuero contra los criminales de lesa humanidad, para bien de todas las sociedades del mundo.

Los saludamos con nuestra mayor consideración,

Por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,

Marta Ocampo de Vásquez

Haydée Gastelú de García Buela

Carmen Lapacó

Taty Almeida

Nora Cortiñas

Nair Amuedo

Beatriz Lewin

Enriqueta Maroni

Carmen Lorefice

Aída Sarti

Laura Conte

Aurora Bellocchio